La PGR debe atraer las 25
ejecuciones no aclaradas
REYNALDO BRACAMONTES
Octubre 19, 2006
La Procuraduría
General de la República (PGR) debe atraer
con urgencia no solo el caso del homicidio calificado de Alejandro García
Hernández, miembro de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca, sino también los expedientes de por lo menos 25 oaxaqueños
más, ejecutados por la mano negra del gobierno por militar en la oposición.
Ello, luego de que ha quedado plenamente demostrada la omisión
y la incapacidad de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, en el
esclarecimiento de esos asesinatos, expresó el coordinador de Movimientos
Sociales del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Víctor Amado López Hernández.
En los casos de perredistas asesinados, el abogado consideró
necesario llevar a la PGR , el expediente de Guadalupe Ávila Salinas,
candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande,
Pinotepa Nacional, baleada por el edil priista
Cándido Palacios Loyola.
Este cobarde homicidio ocurrió el 27 septiembre de 2004, pero
la Procuraduría de Justicia jamás ha movido un dedo para aprehender al
asesino.
Otro caso es la ejecución a balazos del perredista
Moisés Cruz Sánchez, ex edil de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, y Coordinador
Binacional de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO).
Hay otros casos que aunque las víctimas no militaban en el PRD,
ocupaban un papel destacado como miembros de la oposición al PRI.
Entre estos se encuentra el caso del combativo dirigente del
Partido del Trabajo, en San Pedro Tapanatepec,
Jesús Guillén Alvarez, ejecutado a balazos el pasado siete de marzo.
El también ex candidato a la presidencia municipal del mismo
lugar, fue ejecutado de cuatro balazos por dos sicarios, cuando se hallaba en
su consultorio. Falleció el mismo día en una clínica de
Arriaga, Chiapas.
El abogado por la UABJO , plantea que las dirigencias de ambos
partidos documenten los casos y soliciten que la PGR atraiga los expedientes,
porque a la Procuraduría de Justicia de Oaxaca no le interesa esclarecer esas
muertes.
A esos casos de homicidio escandalosos como reprobables se
añaden el homicidio de César Toimil Roberts, y cuatro integrantes más del
Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de los Trabajadores de México
(CROCUTM). El atentado ocurrió el pasado 29 de noviembre.
Con Toimil cayeron abatidos por las balas, sus compañeros Mauro
Díaz González, Melquíades Rosas Reyes, Adrián Rosas García y Paulino Ortega
Fernández.
Son casos de comprobada impunidad, sello que distinguió a la
agonizante administración de Ulises Ruiz.
